Desde junio del año pasado quince estados conservadores del país han prohibido usar la pastilla.

La píldora abortiva se ha transformado en un nuevo terreno de batalla en Estados Unidos entre quienes defienden y rechazan el derecho a la interrupción del embarazo, luego de que la Corte Suprema autorizara a cada estado a legislar al respecto.

Aprobado desde hace más de 20 años, este método, ampliamente utilizado, se encuentra hoy bajo amenaza en todo el país. Un juez conservador en Texas puede ser determinante para cambiar el rumbo de este método abortivo con la sentencia que definirá este miércoles.

¿Se podría prohibir la píldora abortiva en todo Estados Unidos? Su futuro se decide este miércoles ante un magistrado ultraconservador al que opositores al aborto piden que suspenda su autorización.

Matthew Kacsmaryk, quien fue abogado de una organización cristiana antes de ser nombrado juez federal por el expresidente republicano Donald Trump, escuchará los argumentos de las partes en un tribunal federal en Amarillo, Texas.

Posteriormente emitirá su fallo sobre el caso, que amenaza con tener un impacto social tan rotundo como la sentencia de la Corte Suprema que dinamitó, en junio pasado, el derecho al aborto.

Desde entonces, quince estados conservadores han prohibido cualquier modalidad de aborto en su territorio, y otros como Florida están en proceso de restringir severamente esta práctica.

Está previsto que el juez escuche las posiciones de las partes el miércoles y pueda emitir su decisión.

Para Alexis McGill Johnson, presidenta de la asociación de planificación familiar Planned Parenthood, «el caso Amarillo es un llamado de atención para todos aquellos que pensaban que no les afectaba» porque viven en estados que protegen el derecho al aborto. Porque la decisión del juez Kacsmaryk podría extenderse a todo el país.

«Estamos claramente muy preocupados, como debería estarlo toda la comunidad médica. Esta sería una primera vez muy peligrosa», agregó Johnson en un comunicado.

Una demanda presentada por grupos antiaborto

En noviembre, una coalición de médicos y grupos antiaborto presentaron una demanda contra la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por haber autorizado hace 23 años la mifepristona (RU 486), una de las dos pastillas utilizadas para la interrupción médica del embarazo.

Los demandantes acusan a la FDA de haber elegido «la política en lugar de la ciencia», al aprobar un producto químico que puede crear complicaciones, y de haber «excedido sus competencias».

Solicitaron que, mientras se examinan los argumentos de fondo, se suspendiera la autorización de la mifepristona en todo el territorio.

Marcha por los derechos reproductivos en Alabama en protesta por la ley antiaborto.

Estratégicamente llevaron su apelación a Amarillo, una ciudad de Texas alejada de los principales centros urbanos, donde Kacsmaryk es el único juez federal.

Su perfil y su supuesta oposición al aborto han despertado la preocupación en las filas de los defensores del derecho al aborto, algunos de los cuales se manifestarán ante los tribunales el miércoles.

«Parece increíble que un simple juez en Texas pueda tomar una decisión que afectaría un producto que ha sido aprobado por las autoridades sanitarias y se comercializa de forma segura desde hace más de veinte años«, dice a la AFP Elisa Wells, cofundadora de Plan C, una red de información sobre las pastillas abortivas.

El juez federal que tomará su decisión es conocido por su hostilidad hacia el aborto.

Organizaciones denuncian el riesgo de la prohibición

Tal decisión sería «devastadora para las mujeres», denunció hace diez días la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Desde el año 2000, más de 5,6 millones de mujeres han usado esta píldora en Estados Unidos y solo algo menos de 1.500 ha tenido complicaciones posteriormente.

Hoy en día, el 53 % de todas las interrupciones del embarazo en el país son médicas, un procedimiento menos intrusivo y menos costoso que los abortos quirúrgicos.

En Estados Unidos, el método que usa mifepristona y misoprostol está autorizado por la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde el 2000.

Se puede emplear hasta 10 semanas después del último periodo. Más allá, las mujeres que quieran interrumpir el embarazo deben recurrir al aborto por aspiración.

Activista participan en la «Marcha por la vida», un evento anual que marca el aniversario del caso Roe v.Wade (1973), que por sentencia de la Corte Suprema legalizó el aborto en los Estados Unidos.

Un juez hostil a las políticas hacia el aborto

Desde el verano pasado, quince estados estadounidenses han ilegalizado el aborto, luego de una decisión de la Corte Suprema que los autoriza a legislar al respecto. En esos estados, los abortos por medicamentos también están prohibidos.

Pese a esta prohibición, organizaciones se han movilizado para entregar píldoras abortivas a las mujeres de estos estados, desde el extranjero o desde otros estados estadounidenses.

El alcance de estas alternativas es difícil de evaluar. Pero incluso en esos estados, una demanda amenaza con cuestionar la aprobación de la FDA. Esta queja fue interpuesta en Amarillo, Texas, en donde Matthew Kacsmaryk, el único juez federal, es conocido por su hostilidad hacia el aborto.

Está previsto que el juez escuche las posiciones de las partes el miércoles y pueda emitir su decisión enseguida.