Dos proyectos de ley republicanos buscan implementar las propuestas antiinmigrantes de DeSantis.
El proyecto de ley más grande y fuerte contra la inmigración ilegal jamás presentado por un estado. Así definen sus impulsores las propuestas que llevaron la semana pasada a la Asamblea Legislativa de Florida para endurecer las normas contra los inmigrantes indocumentados y que cuenta con todo el respaldo del gobernador, el republicano Ron DeSantis.
La propuesta presentada en la Asamblea Legislativa de Florida prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y criminaliza el transporte de indocumentados.
El senador Blaise Ingoglia y el congresista Kiyan Michael, ambos republicanos, presentaron los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617, con los que que buscan sacar adelante una serie de propuestas antiinmigrantes de DeSantis, señaló en un comunicado SPLC Action Fund, una organización que vela por los derechos humanos y que está afiliada al Southern Poverty Law Center, una ONG progresista de defensa de los derechos civiles.
De acuerdo con la composición de la Asamblea Legislativa, se prevé que ambas iniciativas sean aprobadas pues el control de ambas cámaras lo tienen los republicanos.
¿Pero qué dicen las propuestas? Ambas normas buscan “restringir severamente” el movimiento de los inmigrantes indocumentados en Florida.
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Las propuestas en detalle
- Se prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados.
- Obliga a los hospitales recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
- Modificar reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados.
- Aumentar las multas por emplear a indocumentados.
- Castigar con mayor severidad a los reincidentes por contratar a indocumentados.
- Penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos.
- Exigir el uso obligatorio del programa federal E-Verify.
- Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
- Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA).
- Multa y cárcel a quienes transporten indocumentados.
- Criminaliza la estadía indocumentada.
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¿Qué pasa si se aprueba el proyecto de ley?
Si se aprueban, se prohibirá que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados. También se vetará el traslado de extranjeros sin papeles.
Mientras que los hospitales deberán reportar la atención de extranjeros indocumentados.
Igualmente, se amenaza con cancelar las licencias de operación a empleadores que contraten indocumentados sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify, que es un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para empresas empleadoras cuyo uso no es obligatorio.
Lo planteado también revoca la posibilidad de que ciertos estudiantes de Derecho indocumentados sean admitidos en el Colegio de Abogados de Florida, y elimina las protecciones para las víctimas de delitos.
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Hasta penas de cárcel
“Estos proyectos de ley dañarían aún más a los floridanos al crear un estado de vigilancia, erosionar la seguridad pública, aumentar la discriminación racial y destruir la confianza pública en nuestras comunidades”, dijo A. J. Hernández Anderson, abogado supervisor principal del SPLC Action Fund.
“Nuestra familia, amigos y vecinos correrán el riesgo de ser acusados de un delito grave por llevar a cabo su vida cotidiana, como transportar a un niño del vecindario a la práctica de fútbol o que un abogado lleve a su cliente a la corte de inmigración. Si se aprueba, esta ley privaría a los floridanos de la libertad de moverse libremente por el estado”, agregó.
En El Paso, varios migrantes han tenido que dormir en las frías calles
Por su parte, Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, le dijo a Univisión que “el plan permite que el estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración”.
La propuesta “incorpora tantas cosas que altera y asusta a la comunidad, entre otras cosas, por el mero hecho de transportar o albergar a un indocumentado. Pone este acto como una felonía de tercer grado, que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años. Y si el transportado es menor de edad, hasta con 15 años de cárcel”, agrega.
Univisión recalca que ni en los anuncios previos y tampoco en los proyectos enviados la Asamblea Legislativa se despejan las dudas en cuanto a cómo la policía determinará cuándo detener un vehículo, en base a qué justificará una causa razonable para tomar una determinación o cómo demostrar la existencia de una sospecha razonable para llevar a cabo un arresto legal.
“La falta de claridad crea una especie de perfil racial que es ilegal… Y si hay perfil racial entonces ya no hay causa probable. Hay mucho miedo en la comunidad”, recalca Leal.
La semana pasada, en un discurso en Tallahassee al dar inicio la sesión legislativa, el gobernador Ron DeSantis dijo que “debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las sanciones por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, señaló el gobernador.
“Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho”, aseveró.
Contra los dreamers
En la Asamblea Legislativa de Florida también hay un proyecto de ley sobre la matrícula de los dreamers, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños de manera indocumentada y que están amparados por DACA, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Si se aprueba la norma promovida por Desantis, los dreamers tendrán que pagar la matrícula universitaria al mismo precio que los residentes del estado de Florida.
Cabe precisar que en el año 2014, el gobernador republicano Rick Scott promulgó una norma sobre tarifas estatales diferenciadas para dreamers con el fin de que completaran sus estudios universitarios.
