Más de 5.000 soldados y 500 policías fueron enviados a un pueblo en el noroeste de El Salvador luego de que un policía fuera asesinado por un presunto pandillero, dijo el miércoles el presidente Nayib Bukele.
El policía murió el martes en un ataque de presuntos pandilleros en la localidad de Nueva Concepción, a unos 67 kilómetros (42 millas) de la capital de San Salvador.
“Desde la madrugada de hoy hemos establecido un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5.000 elementos de la @FUERZARMADASV y 500 de la @PNCSV”, publicó Bukele en Twitter. “En busca de los responsables del asesinato y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”.
“Pagarán muy caro el asesinato de nuestro héroe”, agregó junto con un video que muestra a las tropas preparándose para su próxima misión y siendo desplegadas.
La medida se produce como parte de la represión generalizada de Bukele contra las pandillas y el estado de excepción, que comenzó el 27 de marzo de 22 después de que 62 personas fueran asesinadas en 72 horas.
Bajo los poderes especiales, las protecciones constitucionales y la libertad de asociación en el país centroamericano se suspenden temporalmente y la policía puede arrestar y encarcelar a cualquier persona sospechosa de ser miembro de una pandilla, incluso si la evidencia es cuestionable.
Las medidas ampliaron la detención preventiva de los sospechosos y no les otorgaron el derecho a consultar con un abogado. De los más de 68.000 presuntos pandilleros encarcelados, 58.000 de ellos aún esperan cargos formales de juicio. Varios de los internos fueron trasladados a una nueva “mega-cárcel” que abrió en febrero.
Los grupos de derechos humanos han condenado las medidas, afirmando que conducen a abusos «sistemáticos» de los derechos humanos por parte del gobierno.
“La muerte de 132 personas bajo custodia estatal, la detención arbitraria, los procesos penales masivos y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública efectiva, justa y duradera”, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en un comunicado.
