El partido Arena interpuso un recurso indicando que la candidatura de Bukele es inconstitucional.
La derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) solicitó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador declarar la nulidad de la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional.
«Como Arena y como defensores de la democracia venimos aquí a interponer un escrito para que se declare la nulidad de esa inscripción (de Bukele)», declaró César Reyes, un diputado de Arena, partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009.
El viernes, el TSE aceptó inscribir la candidatura de Bukele para los comicios del 4 de febrero, aunque opositores alegan que lo prohíbe la Constitución.
El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, llega para dirigirse a la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
«Estamos aquí para defender la Constitución de la república, para defender nuestro estado democrático, y sobre todo el Estado de derecho y que se cumplan y se hagan cumplir las leyes», subrayó Reyes.
En El Salvador estuvo prohibida la reelección hasta la llegada de Bukele al poder, por lo que opositores y abogados han adelantado que seguirán presentando recursos al TSE.
Bukele fue habilitado para optar a la reelección en 2021 por magistrados de la Corte Constitucional nombrados por el Congreso dominado por el oficialismo.
Bukele entregó un discurso con motivo de su cuarto año al frente del Ejecutivo en El Salvador.
El candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, adelantó que su agrupación también prestará un escrito en los próximos días para solicitar al TSE la nulidad de la candidatura del mandatario.
Millennial de 42 años, Bukele, hábil con las redes sociales, es el presidente más popular de América Latina con el respaldo del 90 % de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la oenegé Latinobarómetro 2023.
Ese generalizado apoyo radica en su plan de seguridad que llevó tranquilidad a comunidades aterrorizadas por las pandillas, pero a costa, según grupos humanitarios, de derechos limitados por el régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
