Bandera de Venezuela durante una manifestación.
Aunque hay menos denuncias de violaciones graves, ahora se ejercen nuevas estrategias. Detalles.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada en 2019 por la ONU, presentó este miércoles en rueda de prensa en Ginebra su más reciente informe, esta vez sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas entre enero de 2020 y agosto de 2023.
Con la evidencia que lograron recabar, los expertos de la Misión concluyeron que, en ese periodo, se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, catorce desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura, entre los que se encuentran 19 casos de uso de violencia sexual.
Estas violaciones ocurrieron en el contexto de una política estatal para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”, según consta en el informe.
La jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión, aseguró que, aunque se ha reducido el número de denuncias respecto a periodos anteriores, “en Venezuela continúan cometiéndose violaciones graves de derechos humanos. Recientemente esto se ha llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”.La experta fue enfática al señalar que estas violaciones no fueron casos aislados, sino que respondieron a una política para “suprimir la oposición y la crítica”.
‘El Estado se adapta para sofocar la crítica’
Otra de las conclusiones del informe es que a la ya documentada “mano dura” con la que las fuerzas militares y policiales han tratado a opositores y a personas o grupos críticos del Gobierno, ahora se utilizan otro tipo de mecanismos como las amenazas, la vigilancia y el hostigamiento, la difamación o la censura.
El abogado chileno Francisco Cox, miembro de la Misión, lo explicó en estos términos: “En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”. Para Cox, “esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”.
‘La dinámica asfixia y suprime el debate y la vida política’
Evocando el caso de los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión el pasado 1 de agosto, e incluso la inhabilitación de María Corina Machado, la abogada argentina Patricia Tappatá, la otra experta de la Misión, aseguró que “al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”.
La experta agregó que la falta de independencia, “y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales, como la Contraloría y el Consejo Electoral, coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”. De igual manera, resaltó que la situación es “especialmente alarmante” en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
‘El Gobierno premia a quienes debería estar investigando’
El informe destaca que a pesar de que en julio de 2022 fueron desmanteladas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de la Policía Nacional Bolivariana acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos, el cuerpo creado para remplazarlo, la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), perpetra delitos similares a los de las FAES, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Adicionalmente, los expertos establecieron que diez de quince de los funcionarios de alto rango dentro del DAET fueron también directivos de las FAES, y que fueron nombrados allí a pesar de que, en informes pasados, la Misión encontró motivos razonables para creer que estas personas habrían participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En el informe se nombra específicamente a José Miguel Domínguez Ramírez, Carlos Alberto Calderón Chirinos y Ronny González Montesinos.
“El Gobierno premia a quienes en realidad debería estar investigando y llevando ante la Justicia”, lamentó Cox durante la rueda de prensa.
La represión por parte de las fuerzas oficiales en Venezuela contra los manifestantes ha ocasionado cientos de muertes que no se han esclarecido (foto de archivo).
Lo que había dicho antes la Misión
Este es el cuarto informe que la Misión elabora en cumplimiento de su mandato creado en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el primer informe, los expertos establecieron que, desde 2014, en Venezuela se perpetraron crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y que tenían motivos razonables para creer que el presidente Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de esos delitos.
En el segundo informe, presentado en 2021, la Misión consignó que el sistema de justicia venezolano desempeñó un papel significativo en la represión estatal de los opositores al Gobierno. Posteriormente, en 2022, los expertos detallaron la manera en la que los servicios de inteligencia del Estado fueron usados para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan para reprimir a la oposición.
El próximo lunes, la Misión presentará este nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, en donde se sostendrá un debate en el que podrán participar los Estados que así lo decidan, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, los comisionados y, por supuesto, Venezuela.
