La presidenta Xiomara Castro instruyó la policía nacional que active los «estados de emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales» que estime necesarios para reducir la actividad de grupos criminales. Los transportistas protestaron por el pago de «impuesto de guerra» que les cobran las bandas armadas.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el jueves una emergencia de seguridad nacional para lanzar lo que llamó una guerra contra la extorsión de las bandas criminales que operan en el país centroamericano.

La decisión responde al número creciente de casos de extorsión por parte de grupos criminales violentos vinculados con la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que operan en el vecino El Salvador, donde también el presidente Nayib Bukele les ha declarado la guerra.

Castro dijo que había instruido «a la policía nacional que a través de sus evaluaciones comunitarias proceda a plantear los estados de emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite».

Unos 70,000 pandilleros siembran el terror en barrios y colonias de las principales ciudades de Honduras, y se han detectado también en zonas rurales, según organismos no gubernamentales.

La violencia de narcotraficantes y pandilleros tiene a Honduras con una tasa de homicidios de cerca de 38 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según la presidenta, la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, anunciada por la Policía Nacional, consiste en ocho ejes de acción que contarán con el respaldo de su Gobierno.

Héctor Sánchez, director de la Policía Nacional hondureña, dijo que los cuerpos de seguridad han hecho las últimas semanas allanamiento en estructuras de la MS y Barrio 18, y que han dispuesto de 20,000 funcionarios trabajando en las calles.

Transportistas denuncian el «impuesto de guerra» a las pandillas

El pasado martes, cientos de transportistas se manifestaron en la capital de Honduras exigiendo al gobierno poner freno a las pandillas (maras) que los extorsionan cobrando «impuesto de guerra».

«No podemos seguir trabajando cinco, siete días a la semana para pagar a los mareros», dijo a medios locales el dirigente del transporte urbano de Tegucigalpa, Rigoberto Galo.

Los transportistas estacionaron sus pesados buses en las calles cercanas a la casa presidencial, este de la ciudad, provocando congestionamientos.

«Nosotros estamos poniendo los muertos», se quejó otro dirigente, Marbin Galo, durante la protesta.

Unas 70 personas ligadas al transporte han sido asesinadas en lo que va del año en Honduras, la mayoría por negarse a pagar el «impuesto de guerra», según los dirigentes.

El director de la Policía Nacional dijo que las pandillas están utilizando «nuevas formas de extorsión» con las que obligan a sus víctimas a pagar por rifas, a usar algunos servicios operados por ellas o a pedir préstamos ilegales.

«Esto se da mucho en el mercado donde se establece un préstamo con un interés diario de 50% o más; la venta de comida, respuestos, etcétera», declaró el alto funcionario.

Responsabilizan a gobiernos anteriores por aumento de la actividad de pandillas

La presidenta responsabilizó al gobierno anterior, a cargo del Partido Nacional, por el aumento de los grupos delincuenciales en el país.

Subrayó que durante los doce años anteriores, los últimos ocho con Juan Orlando Hernández al frente, un cartel penetró las instituciones y las estructuras policiales y militares, elevándose sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.

«Producto de la impunidad en la que hemos vivido, estos grupos ampliaron sus alcances. Es un delito olvidar los hechos trágicos que han hecho llorar y sufrir tanto al pueblo hondureño, la extorsión es el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras, que está afincada en diferentes áreas de nuestro país», recalcó.

La presidenta Castro dijo además que la extorsión es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios.