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Régimen cubano consolida vaciamiento de oposición y disimula la realidad frente al próximo EPU

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) advirtió este martes que el descenso puntual en las detenciones arbitrarias de corta duración y otros actos represivos en Cuba “no se debe en lo absoluto a una mejoría en la situación del país, sino a la perversa estrategia del régimen de Miguel Díaz-Canel para detener las protestas a cualquier precio y para mejorar su imagen ante el próximo Examen Periódico Universal que enfrenta Cuba en la ONU en noviembre”.

“El vaciamiento de oposición y sociedad civil, que venimos denunciando desde hace más de un año, se ha consolidado. Al menos un centenar de periodistas independientes ha tenido que exiliarse, e igual número de activistas, junto a centenares de miles de personas. La represión y el empobrecimiento del pueblo han provocado que en los últimos dos años en torno al 4% de la población cubana se haya marchado de la isla; una válvula de escape diseñada por el régimen para disminuir la tensión interna, sin resolver los problemas reales del país, como la ausencia de libertades y el hambre”, dijo el OCDH.

Además, más de mil ciudadanos se encuentran presos por motivos políticos. La mayoría tras las protestas populares de 2021 y 2022, pero también dos de los principales líderes de la oposición interna, José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

“Cuba está hoy en modo de supervivencia, debido a la extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes, quienes ven en la emigración la única solución a sus problemas”, alertó el OCDH.

En este sentido, el organismo insistió en que un descenso relativo en los datos sobre represión no puede interpretarse como una mejoría en la situación de los derechos humanos, porque, de hecho, el panorama es peor.

En agosto se registraron al menos 159 acciones represivas, de las cuales 11 fueron detenciones arbitrarias y 148, otros abusos. Las principales violaciones fueron contra presos políticos, así como hostigamientos, amenazas y sitios de viviendas. En el período, 87 ciudadanos denunciaron violaciones de derechos sociales, especialmente adultos mayores en situación de pobreza extrema.

By dPrimeramano

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