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Divorciarse es ilegal en Filipinas. Un movimiento busca poner fin a eso

Una campaña que plantea la separación legal como un derecho humano básico está cobrando impulso a pesar de las barreras sistémicas y religiosas.

Hace casi 15 años, Mary Nepomuceno se separó de su esposo. Y sigue en un limbo, pues el divorcio —y por tanto, la posibilidad de volver a casarse y comenzar una nueva vida— está prohibido por las leyes de su país.

En Filipinas, el único país del mundo, además del Vaticano, donde el divorcio sigue siendo ilegal, miles de personas como Nepomuceno se encuentran atrapadas en matrimonios que murieron hace mucho. Después de separarse por motivos como maltrato e incompatibilidad, viven una vida totalmente apartada de sus cónyuges. Los elevados honorarios de los abogados y los montones de papeleo hacen que, para muchas personas, la anulación del matrimonio sea prácticamente imposible.

Debido, en parte, a la cantidad cada vez mayor y al sufrimiento que conlleva, las posturas sobre el divorcio han cambiado en el país, donde casi el 80 por ciento de la población es católica. Las encuestas revelan que ahora la mitad de los filipinos están a favor del divorcio. Incluso el presidente ha dado señales de apertura a la idea y Filipinas está más cerca que nunca de legalizar la disolución del matrimonio.

Pero el asunto está lejos de resolverse. La Iglesia católica es muy influyente en el país y ha calificado el activismo en favor de la legalización del divorcio como una “defensa irracional”. Los legisladores conservadores siguen firmes en su oposición.

Esto ha provocado que algunos partidarios de la legalización planteen el divorcio como un derecho humano básico, al igual que el acceso a la atención médica o a la educación.

“Nosotros decimos que es como si fuera un medicamento”, comentó Nepomuceno, de 54 años. “Solo lo tomamos si estamos enfermos, pero no privamos del medicamento a las personas enfermas”.

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La activista a favor de la legalización del divorcio Mary Nepomuceno el mes pasado en Paranaque, una localidad situada en el área metropolitana de Manila.

Este enfoque se aparta de la estrategia anterior de compartir historias personales con la esperanza de obtener apoyo de los legisladores. Ahora, los activistas están usando la ciencia y la estadística para exponer los efectos a largo plazo para millones de mujeres maltratadas si el divorcio sigue siendo ilegal.

“Antes llorábamos y nos enojábamos”, comentó A. J. Alfafara, fundadora de la coalición Divorce Pilipinas, la cual cuenta con más de 500.000 integrantes. “Solía ser una lucha, hallar modos de hacer que la gente escuchara”.

En los últimos meses, un comité del Senado aprobó un proyecto de ley para legalizar el divorcio por primera vez en más de 30 años. El proyecto está en espera de una segunda lectura en el Senado, lo cual, según los legisladores, podría suceder el próximo año.

“Estamos percibiendo ciertos cambios, incluso en el Senado, y yo espero que se potencien y sean lo suficientemente fuertes como para llevar este proyecto a la recta final”, dijo en una entrevista la senadora Risa Hontiveros, promotora de este proyecto de ley.

Hontiveros añadió que las reuniones con los activistas la habían conmovido.

“Para mí, uno de los temas más convincentes que plantearon es que se trata de una segunda oportunidad —una nueva oportunidad para vivir, para amar y para ser feliz— ¿y por qué habríamos de negarle a la gente este derecho?”, agregó.

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La senadora Risa Hontiveros dice que nota “cambios” en cómo se percibe el divorcio en Filipinas.

El divorcio tiene una historia compleja en Filipinas. Durante la época colonial española, el divorcio estaba prohibido, pero se permitía una separación legal bajo ciertas condiciones limitadas. Este se volvió legal durante la ocupación de Estados Unidos, pero solo por motivo de adulterio y concubinato. Los japoneses, quienes ocuparon Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, ampliaron la ley del divorcio y aprobaron más causales para la separación.

Eso cambió después de la promulgación del Código Civil de Filipinas en 1950. Sin embargo, a los ciudadanos musulmanes, los cuales conforman el 5 por ciento de la población, se les permite divorciarse debido a que, en 1977, Ferdinand Marcos, el presidente en ese entonces, firmó una ley que lo autorizaba.

Alfafara, de 46 años y religión protestante, se separó de su esposo en 2012 y afirmó no haber visto a su hijo en más de una década, desde que, a la edad de 9 años, eligió vivir con su padre. Cuando Alfafara, quien trabaja como asistente virtual de oficina, quiso comprar una casa, le dijeron que debía tener la firma de su esposo.

El hecho de que el divorcio siga siendo ilegal significa que los esposos maltratadores pueden conservar la custodia conjunta de sus hijos y tienen derecho a compartir los bienes de su esposa. Otra preocupación es el trauma que padecen millones de mujeres atrapadas en matrimonios violentos.

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A. J. Alfafara, que se separó de su esposo en 2012, es una de las fundadoras de la coalición Divorce Pilipinas Coalition, que tiene más de medio millón de integrantes.

Janet Guevarra, de 36 años, gastó 5200 dólares en la anulación de su matrimonio, 15 veces más de lo que ganaba al mes en Filipinas. Con el fin de ahorrar ese dinero, renunció a su empleo en administración de informática y se fue a Singapur a trabajar como auxiliar en un asilo de ancianos. En 2022, un tribunal rechazó su solicitud, misma que ella había presentado tres años antes.

El juez dictaminó que el testimonio de Guevarra de que su esposo “la tomaba por el cuello, la empujaba y trataba de pegarle durante las discusiones acaloradas no es fundamento suficiente para demostrar su afirmación de maltrato físico o verbal”. El juez añadió: “El matrimonio, como una institución social inviolable protegida por el Estado, no puede disolverse a capricho de las partes”.

Haidee Sanchez, de 39 años, dijo que le dolía cada vez que tenía que escribir el apellido de su esposo en todos los documentos oficiales. Dijo que su esposo, que nunca mantuvo a su familia y fue infiel en repetidas ocasiones, trató de estrangularla cuando ella lo confrontó por una aventura. En 2019, ella solicitó la anulación, pero su petición fue denegada en marzo.

El juez dictaminó que Sanchez no había podido probar su caso “con pruebas claras y convincentes”.

Algunos partidarios de esta ley han recomendado no usar la palabra “divorcio” para definirla, ya que dicen que ese término se ha politizado. Se han sugerido términos alternativos, como “separación legal” y “ampliación de anulación”.

Hontiveros recordó que una de sus colegas le recomendó: “No lo llamen proyecto de ley para el divorcio; llámenlo proyecto de ley para la disolución del matrimonio”, y ella hizo caso de esa sugerencia.

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A woman hoisting a wire box of documents into a shelf.
Guevarra con los documentos que empleó para la solicitud de anulación

“Tal vez solo les brinda a quienes son ambivalentes o se oponen a él otra manera de hablar al respecto de un modo un poco menos incómodo”, comentó Hontiveros.

Pia Cayetano, una senadora con mucha experiencia y partidaria declarada del derecho al divorcio, señaló que sus colegas en el Senado “sí reconocen que hay situaciones en las que es prácticamente inhumano hacer que una pareja viva junta”.

“Los he escuchado decir cosas en ese sentido, que tiene que haber una solución y que con gusto apoyarán una medida para ello”, explicó Cayetano.

Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por el Senado también tendría que ser autorizado por la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente, quien lo promulgaría. A diferencia de sus predecesores, Ferdinand Marcos Jr. ha dado muestras de estar abierto a la ley del divorcio, aunque advirtió que “no será fácil”.

El reverendo Jerome Secillano, secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, dijo el año pasado en una estación de radio local: “Es triste saber que tenemos legisladores que se concentran más en disolver matrimonios y familias que en ofrecerles soluciones o fortalecer los lazos matrimoniales”.

Hace una década, cuando el Congreso de Filipinas aprobó la ley que le proporcionaba a la población acceso a anticonceptivos, el clero organizó protestas y amenazó con excomulgar a los legisladores por apoyar el proyecto de ley. Esta vez, según Edcel Lagman, un congresista que ha impulsado ambos temas, los funcionarios de la Iglesia no han manifestado tanta oposición.

“Hemos demostrado que podemos vencer a la Iglesia y podemos volver a hacerlo”, afirmó con una sonrisa.

By dPrimeramano

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